La Ley General de Reforma de las Empresas Públicas 141-97 tiene como finalidad de mejorar la eficacia de las empresas públicas y la calidad de los servicios que éstas ofrecen por su apertura a la inversión privada, estableciendo las medidas necesarias para reglamentar y para dar una transparencia al proceso de participación del sector privado, a la vez en la propiedad y en la administración de las empresas públicas.

La ley establece la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública (CREP), encargada de conducir el proceso de reforma y de transformación de las empresas.
Dotada de una fila ministerial, obra bajo la vigilancia directa del poder ejecutivo. Este organismo ya comenzó el proceso de capitalización de varias empresas.